En una visita de control al Centro de Detención Transitoria, a la estación de Policía y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Sincelejo, Sucre, la Procuraduría encontró que, de 130 personas privadas de la libertad (PPL) en condición de sindicados, a la espera de que se defina su situación judicial, solo 55 reciben alimentación, los 75 restantes deben acudir a la solidaridad de los demás reclusos para que les compartan algo de las raciones que les llevan sus familiares.

El equipo de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos también pudo establecer condiciones inadecuadas de reclusión, por ejemplo, en la URI solo hay una batería sanitaria para 34 PPL masculinos y una ducha para 36 PPL, lo que genera que deban hacer sus necesidades fisiológicas en botellas al interior de las celdas; no hay sistema de ventilación, ni iluminación y no se les permite comunicación con familiares o abogados.

Entre las quejas expresadas por los reclusos manifestaron que nunca han recibido elementos de aseo y que algunos de ellos, por pertenecer a otros municipios, no tienen cobertura alguna en alimentación o salud.

El Ministerio Público recordó a las autoridades municipales, que es responsabilidad de la Alcaldía suplir estas necesidades de cada uno de los PPL, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-122 de 2022 y solicitó soluciones inmediatas para esta situación.

*Con información de Procuraduría General de la Nación